El CURP, la nueva cédula de identidad en México

El lunes 24 de marzo, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que la CURP se convertirá en la única forma de identificación para probar la identidad de las personas nacidas en México o que cuenten con la nacionalidad mexicana.

Ciudad de México (bcn Noticias).- El lunes 24 de marzo, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que la CURP se convertirá en la única forma de identificación para probar la identidad de las personas nacidas en México o que cuenten con la nacionalidad mexicana.

Para ello, el gobierno federal transformará la CURP en un documento con fotografía y datos biométricos de las ciudadanas y los ciudadanos.

Con el trasfondo de la supuesta tragedia en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el gobierno de Claudia Sheinbaum será el dueño de la privacidad de la ciudadanía.

Los alcances de las reformas que seguramente aprobará el Poder Legislativo para atacar el delito de la desaparición forzada.

La iniciativa de utilizar la CURP como base para expedir un documento de identidad único no es nueva y ha fracasado porque se han detectado fallas y posibles excesos.

Desde 1997, las administraciones federales han intentado crear una cédula de identidad sin embargo, no se ha conseguido la aprobación ni el consenso.

En 2009, (28 de julio) el panista Felipe Calderón Hinojosa hizo el anuncio oficial sin embargo, no fue sino hasta 2011 (15 de marzo) cuando lanzó formalmente la cédula.

El documento, fue emitido para identificar a menores de edad pues la emisión formal de la cédula tenía el rechazo del poder legislativo.

Notables de la 4T rechazaban la creación de la cédula de identidad

En 2009, el antes militante del PRD y hoy de MORENA, Pablo Gómez Álvarez,
se opuso en 2009, a la expedición de una cédula de identidad, una
iniciativa impulsada por el expresidente Felipe Calderón.

En agosto de 2009, el entonces coordinador de los diputados federales del partido del Trabajo(PT) Ricardo Monreal, dijo que:

“El Congreso no le puede aprobar a Calderón más elementos para que siga vulnerando derechos humanos y garantías constitucionales” (periódico La Jornada, 1 de agosto de 2009).

Monreal Ávila justificó su rechazo a la cédula de identidad al señalar que un año antes, al gobierno federal se le aprobó una reforma penal.

En ese sentido, el zacatecano dijo que “ en la reforma se incluyó la figura de arraigo, de la que el gobierno federal ha abusado de tal forma que se tiene que derogar.”

Por otra parte, en la misma fecha, el entonces diputado por el PRD, Pablo Gómez Álvarez dijo que:

“Calderón ha impulsado reformas a la Constitución y leyes, para disminuir garantías individuales; se ha avanzado en la militarización del país.”

Gómez Álvarez, nombrado titular de la Unidad de Investigación y Fiscalización (UIF) por el expresidente López Obrador dijo además que:

“El plan era parte de lo mismo » la expedición de un documento de identidad resultaba “onerosa e innecesaria y se enmarca dentro de la intención de Felipe Calderón de establecer un Estado policiaco.”

Las personas desaparecidas y la privacidad de los mexicanos

El hoy coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados manifestaba
su rechazo a la emisión de una cédula de identidad. Lo hacía
cuando en 2009, ocupaba el cargo de coordinador de los diputados
federales del PT.

Según la iniciativa de reformas propuestas por el gobierno de Claudia Sheinbaum y dadas a conocer el lunes por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sus alcances rebasan a la propuesta de Calderón.

En la iniciativa, se establece que los sujetos obligados a entregar datos personales serán:

Servicios financieros, de transporte y salud. Los de telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega.

Además de  registros patronales y de seguridad social, religiosos o cualquier institución pública o privada que solicite identificación oficial para prestar sus servicios.

Es decir, el gobierno tendrá información de las ciudadanas y los ciudadanos; las corporaciones de seguridad conocerán las preferencias religiosas o las condiciones de trabajo.

En un gobierno en el que privan situaciones de corrupción, de coalición de elementos de la seguridad pública con la llamada delincuencia organizada el documento resulta peligroso.

No hay que olvidar que el actual gobierno no tiene contrapesos, no existen organismos que regulen el uso de los datos personales.

Es cierto, el Estado debe protegerse y defender al país sin embargo, para llegar al punto al que quieren llegar, todavía falta mucho por andar.

¿Y si al final resulta que en el Rancho Izaguirre no ocurrieron hechos como los que nos contaron? (CONTINUARÁ).

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