Ciudad de México (bcn Noticias).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía especial en materia de Derechos Humanos (FEMDH), informó el miércoles 2 de abril que obtuvo revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria que pesaba sobre el exgobernador del estado de Puebla (2005-2011), Mario Marín, y lo reingresó al penal del Altiplano.
Esto por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lydia Cacho.
En un comunicado, la FGR explicó que la decisión se dio luego de que el Tribunal Colegiado de apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una jueza penal.
Por ello, agentes de la Guardia Nacional (GN), dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), “cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal”.
El exgobernador de Puebla fue reingresado en el penal federal Altiplano
Marín, de 70 años, se encontraba bajo prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024″.
Sin embargo, la FEMDH, a través de la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle) impugnó la decisión.
La Feadle impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internará en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 ‘Altiplano’, del Estado de México.
Mario Marín fue procesado por tortura en contra de la periodista Lydia Cacho
Según la FGR, la decisión del Tribunal establece que “la resolución dictada en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales.»
Además, «omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados”.
Por su parte, el Ministerio Público Federal (MPF), enfatizó la trascendencia a nivel país del asunto.
El MPF consideró la naturaleza del caso “no solo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión.»
El delito se cometió «en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información”.
Cacho, periodista y activista, fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura.
La periodista fue trasladada de Cancún al estado de Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
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