Ciudad de México (bcn Noticias).- El martes 1 de abril, el pleno del Senado turnó a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos la iniciativa presidencial que modifica la actual ley de búsqueda de personas y desaparición forzada, pera que se tenga plena seguridad de dónde están los cuerpos y de quiénes se trata.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum para mejorar el mecanismo de localización de personas ordena que ni muerto se perderá la identificación plena.
La propuesta plantea que panteones, cementerios, servicios funerarios, fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos registrarán las características físicas de la persona.
La iniciativa obliga a digitalizar registro de personas
Ordena el registro de la ubicación exacta del cuerpo, la fecha en que llegó y si fue enterrado o cremado.
Todas las instituciones públicas o privadas que tengan bajo su resguardo cuerpos o restos humanos tendrán la obligación de llevar y mantener actualizados registros sistematizados con la información forense que se obtenga de los mismos.
Además deberá permitir su interconexión, remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses o permitir su consulta a la Fiscalía, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública que integran el gabinete de Seguridad del Ejecutivo federal.
Así mismo también los remitirá al Centro Nacional de Inteligencia, para las acciones de investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas”.
Así lo establece el artículo propuesto por la Presidenta de la República para incluir en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
A las personas desaparecidas no las sepultan en cementerios
El régimen transitorio detalla que “las entidades federativas y municipios, en un plazo no mayor a 180 días, deberán armonizar la normatividad que regulan panteones, cementerios u servicios funerarios.
Además de crematorios, fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos, ya sean instituciones públicas o privadas, para establecer al menos:
La obligación de llevar registros precisos, digitalizados y actualizados de los cuerpos inhumados, cremados o trasladados, indicando características físicas.
También la ubicación exacta, fecha y medio de disposición; vincular dichos registros al Sistema Nacional de Búsqueda, conforme a los lineamientos técnicos emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Se establecen además, las obligaciones que permiten el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, dice.
Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, quien será la responsable de coordinar el trabajo legislativo para aprobar esta reforma a partir del próximo martes.
La senadora invitó a los colectivos de madres buscadoras y de diferentes familiares que buscan a personas, que se contacten con ella para escuchar sus propuestas.
“Que si hay alguna organización que quiera buscarnos el día de hoy, mañana, el fin de semana, antes del lunes, martes, con mucho gusto lo hagan.
La legisladora federal aseguró que todas y todos serán escuchados, para tomar en cuenta sus opiniones”, dijo la morenista.
La iniciativa cede el control de la privacidad de las mexicanas y mexicanos
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, expresó críticas a la propuesta presidencial.
¿Qué nos parece delicado? que se quiera utilizar una enorme tragedia.
Se pretende utilizar lo sucedido en el rancho Izaguirre, para obtener información que en otras circunstancias los ciudadanos no estarían dispuestos a entregarle al gobierno.
El gobierno quiere adueñarse de información privada, “porque es una información muy delicada.”
Es la información que tienen los bancos, que tiene Amazon, que tiene Mercado Libre, que tiene el Instituto Nacional Electoral o que tienen los hospitales.
También busca el gobierno apoderarse los datos “que tienen las clínicas, es información de biométricos, del domicilio, del teléfono, de las compras; información muy personal, muy privada.”
Lo que establece la ley, como está, es que el gobierno pueda acceder a la información de cualquier ciudadano sin controles” advirtió,
Anaya agregó que:
“Entonces el riesgo es que se haga mal uso de esa información, que se use con multas políticas, que obtengan información de periodistas, de defensores de derechos humanos, de activistas, de opositores”, destacó.
El priista Alejandro Moreno expresó que “realmente es una locura lo que han presentado.”
“Hay que hacer adecuaciones en los temas de datos biométricos, en los temas personales” subrayó.
Se debe poner atención “en los temas que llevan a que se resuelva el trabajo de seguridad pública, sí, pero con un límite” recalcó.
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